Con el penúltimo (nunca será el último) recorte a las renovables, parece que el actual Gobierno no se ha quedado satisfecho y ha querido dar una vuelta de tuerca al sistema para complicar más si cabe la vida a los generadores de energía limpia y, ya de paso, quitar las ganas para siempre a cualquiera, patrio o foráneo, de meter un duro en renovables en España.

En efecto, la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE) concede a los promotores renovables el privilegio de financiar el sistema, y por extensión a Hacienda, con los aplazamientos parciales de sus liquidaciones en forma de coeficiente de cobertura. Antes de adentrarse en este concepto, se debe hacer saber que en lugar de reconocer una tarifa o una prima a las renovables por producir electricidad, se inventa un sistema que divide la retribución de cada instalación en función de unos parámetros variables según cada tecnología, recurso de generación etcétera, que además pueden ser en parte modificados de forma caprichosa por el gobierno de turno para que la rentabilidad siempre sea «razonable».

Desde la ingenuidad se podría pensar que si las renovables causan el déficit y se acaba con las renovables al recortar su retribución, debía acabarse con el déficit y por tanto, dejarlas en paz un tiempo superior a los periodos semi-regulatorios que establece el nuevo RD 413/2014.

Obviamente nada de lo escrito en el párrafo anterior se corresponde con la realidad presente y tampoco con la futura tal como las pintan hoy y, por eso, ahora nos pagan una especie de tarifa compuesta por conceptos que poco tienen que ver con un mercado real o con la generación pura.

Recordemos el sentido que tenía retribuir sólo a la generación y es que si un parque solar o eólico no producía, no cobraba y por tanto no costaba al sistema. Ahora, que se retribuye en función de la operación y mantenimiento y de la inversión principalmente, además de otros conceptos, los productores estamos invitados a abandonar la innovación, la excelencia y el detalle, pues la calidad de nuestros equipos o la exquisitez en su mantenimiento pierden su relevancia.

Todo esto riza el rizo cuando, como decía al principio, cada mes se publica el llamado coeficiente de cobertura que establece la CNMC en función del dinero que tiene para repartir entre los productores del antiguo Régimen Especial. Básicamente, el dinero disponible se reparte entre todos, como buenos hermanos, independientemente de que dé para llegar a fin de mes o no. O dicho de forma seria, para que podamos hacer frente al servicio de la deuda o los costes de operación y mantenimiento.

Un coeficiente nuevo se publica cada mes y es de aplicación para todos los meses transcurridos de ese mismo año. De esta manera, si el coeficiente para enero es de 40%, el de febrero de 45% y el de marzo de 50%, la diferencia entre los coeficientes de los meses anteriores y del último mes, se reliquidaría añadiendo a enero y febrero 10% y 5% respectivamente.

La CNMC se compromete a liquidar el 98% de la famosa «Retribución Razonable» que es algo tan abstracto como el concepto de alma. El 2% restante podrá liquidarse a lo largo de los cinco años siguientes a la finalización del año objeto de liquidación.

Es obvio que los flujos de caja se hacen impredecibles, intermitentes y sobre todo insuficientes para amortizar las inversiones que se hicieron al amparo del BOE. Si se trata de arrimar el hombro para acabar con ese déficit sobre los costes reconocidos -se duda que reales- del sistema, bienvenido sea el esfuerzo. Pero lo cierto es que otras tecnologías en el anterior Régimen Ordinario deben tener una rentabilidad regulada en algún sitio en el BOE, pero mucho más razonable que la de las renovables y la cogeneración.

Jorge González Cortés, director comercial y Márketing de Gesternova.